Cámaras con reconocimiento facial: ¿Cómo equilibrar privacidad y seguridad?

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Las imágenes de manifestantes cubriéndose los rostros y destruyendo cámaras de vigilancia en Hong Kong han puesto sobre el tapete la discusión respecto a esta nueva tecnología, y el desafío que conlleva equilibrar el derecho a la privacidad de las personas con la seguridad. Los profesores Jorge Pérez, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Daniel Álvarez, de la Facultad de Derecho, analizaron la materia poniendo énfasis en la necesidad de regular el manejo de datos personales anteponiéndose a la implementación de este tipo de mecanismos en nuestro país.

La necesidad de tomar medidas que permitan identificar con rapidez y eficiencia a los responsables de delitos ha generado siempre tensiones a la hora de resguardar los derechos individuales.

Sin embargo, el rápido desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho aumentar la presión con respecto a esta tensión: la capacidad de almacenar y analizar grandes bases de datos, que incluyen desde el rut o patrones de comportamiento hasta el reconocimiento facial en tiempo real, obligan a la sociedad a rediscutir la materia, adelantándose a la plena implementación de este tipo de mecanismos.

Así lo asegura el profesor Daniel Álvarez, de la Facultad de Derecho, quien si bien reconoce que las tecnologías de reconocimiento facial disponibles comercialmente tienen márgenes de error cercanos al 90 por ciento, también alerta de que sólo es cosa de tiempo para que esos errores sean subsanados. “Como el reconocimiento facial sería una especie de tratamiento de datos personales, debería contar con el consentimiento del titular, a menos que exista una habilitación legal expresa. Todo lo que se hace desde el punto de la seguridad pública a nivel de municipios, por ejemplo, se da por mera tolerancia, y da cuenta de una tensión no resuelta”, explicó.

El profesor Jorge Pérez, de la FCFM, alerta sobre la entrega cotidiana de datos personales a través de internet.

En la misma línea el profesor de la FCFM, Jorge Pérez, alertó que este tipo de tecnología ya se encuentra disponible y que existirían prototipos en desarrollo, aunque no ha sido implementada a gran escala, fundamentalmente debido a motivos de costo asociados al hardware necesario.

El académico de la FCFM hizo hincapié en que de manera cotidiana los ciudadanos “regalan sus datos todos los días en plataformas como Facebook o Instagram, entonces que existan bases de datos con el rostro de las personas no es un misterio. Incluso cada vez que miras algo en Facebook entregas datos o que haces una consulta en Google. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a que esas búsquedas sean más certeras gracias a la entrega de datos, aún cuando puedan luego ser usados para buscar personas que están en contra de un régimen en un país y puedan ser encarceladas?”.

Respecto a los efectos que este tipo de tecnología puede tener, Pérez aseguró que todo dependerá del uso que se le dé. “La tecnología no es buena ni mala, no es aterradora ni inocua, es el uso el que debe preocuparnos porque se puede usar. La línea es delgada porque estos datos ya están en manos privadas, no sé si es mejor o no que estén en manos del Estado pero al menos se supone que ahí serán utilizadas para mejorar la vida de las personas, mientras que las empresas los usan para ganar más plata”, remarcó.

Para el profesor Daniel Álvarez, de la Facultad de Derecho, se debe regular en qué casos es legítimo usar o no esta tecnología, así como sus efectos sobre los datos privados de las personas.

Consultado sobre si esta materia ha sido incluida en el debate de la nueva ley de datos personales que se está debatiendo en el Senado, el profesor Álvarez aseguró que hay una sección sobre tratamiento de datos personales en el contexto de seguridad pública “pero es una norma general que en principio eximía de la aplicación de las reglas de la ley a este tipo de tratamientos, lo que era inaceptable”.

Para subsanar esa situación y tras el debate correspondiente, la Comisión del Senado acordó que esta materia específica sería regulada de manera específica mediante una norma respecto al tratamiento de datos personales vinculados a seguridad y labores preventivas de crimen.

Se debería avanzar en determinar en qué casos es legítimo usar o no esta tecnología, así como sus efectos: qué pasa con la información, cuánto tiempo ose almacena, se puede o no compartir con terceros. Fijémonos reglas que consideren la protección de la privacidad de las personas, que sean justas, proporcionadas, y que permitan a los titulares ejercer también sus derechos en caso de no estar de acuerdo con ser grabados”, finalizó el profesor Álvarez.


Texto: Felipe Ramírez
Prensa-UChile