Además de su Rector, Ennio Vivaldi, quien junto al Comité de Coordinación Institucional ha convocado a un proceso de diálogo triestamental, en los últimos días, distintas unidades y agrupaciones de la U. de Chile han emitido declaraciones públicas que llaman al Gobierno a deponer las medidas de excepción frente al grave riesgo que éstas y sus consecuencias implicarían para la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. Además, señalan los textos, estas decisiones habrían incrementado los actos de violencia a nivel nacional.
Durante la semana pasada, Santiago fue el epicentro de una convulsión que hoy también afecta a las distintas regiones del país. El alza de la tarifa en el pasaje del Metro, que fue decretada el pasado 6 de octubre, tuvo como respuesta evasiones masivas en el tren subterráneo de parte de jóvenes estudiantes. La manifestación social, que terminó dando cuenta no sólo del descontento frente a esta medida, sino también respecto a lo que ocurre en ámbitos como salud, pensiones y educación, salió del Metro el viernes 18 en la tarde y condujo a incendios en diversos puntos de la capital, cacerolazos y conflictos entre manifestantes y carabineros.
Frente a esta situación, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió decretar Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo a las 00.15 horas del sábado 19. Pronto le seguirían las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, donde también se registraron disturbios de distinto orden. En muchas de ellas, al igual que en la Metropolitana, se ha decretado toque de queda durante las noches, una medida que restringe el derecho de las personas a circular libremente por las calles hasta que termine la medida. En un Estado de Emergencia, las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional designado por el Presidente de la República, en este caso, el general Javier Iturriaga.
La situación de excepción no ha dejado indiferente a la comunidad de la Universidad de Chile, que desde distintas instancias ha alzado la voz para manifestar su preocupación por las potenciales violaciones de derechos humanos que podría acarrear esta medida, lo que se suma a los distintos reportes ciudadanos que hablan de violencia policial. El Rector Ennio Vivaldi se ha dirigido hoy, junto al Comité de Coordinación Institucional, a la comunidad universitaria manifestando que “la situación que hoy hace crisis se genera en un prolongado desentendimiento por el ámbito de lo público y una ilusoria e injustificada sobrevaloración de lo privado. El debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y pensiones, entre otros aspectos, son factores claves en la pérdida del sentido de bien común que se expresa en los actuales desbordes. La Universidad de Chile se pone a disposición del país y sus instituciones para contribuir a diseñar caminos de reconstrucción de los sistemas solidarios”.
Entre otras comunicaciones públicas, el sábado 19 de octubre la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile emitió una declaración que condenó el accionar de los organismos policiales y militares, pues “frente a actos aislados de violencia, la respuesta estatal siempre debe ser proporcional y, en particular, el uso de la fuerza por parte de Carabineros debe cumplir con los estándares internacionales y los propios de la reglamentación de la institución. La represión de que hemos sido testigos es una clara violación de la Constitución y los compromisos de Chile en materia de derechos humanos. Esperamos que los actos de violencia policial desproporcionados y criminales sean investigados y castigados”.
A la vez, hizo un llamado “a las autoridades políticas a dejar sin efecto, de inmediato, esta medida de excepción constitucional; a las autoridades militares y policiales, a respetar irrestrictamente los derechos humanos de la población; al Poder Judicial, a ser el garante de los derechos humanos en este aciago momento de la historia de Chile; a los organismos de derechos humanos, a continuar desplegando sus mejores esfuerzos para proteger los derechos humanos de toda la población y en particular, de quienes ejercen su legítimo derecho de expresión y protesta; y a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria, a ejercer sus derechos con libertad, pero con el debido autocuidado”.
Por su parte, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, Acauch, emitió una declaración en donde llamó a deponer las medidas de excepción pues “entendemos que dichas medidas gubernamentales sólo han precipitado las más variadas expresiones de repudio ciudadano, acrecentando los actos de violencia. Ha resultado ciertamente alarmante constatar cómo los múltiples ‘caceroleos’ de familias y menores, han sido respondidos con detenciones, fusiles y perdigones militares contra la sociedad civil por todo el país”.
La declaración agregó que “la violencia que hemos visto en las calles en estos días y el destrozo de bienes nacionales de uso público es la cara menos amable del descontento popular, y por ello debe hacérsele frente con medidas políticas, y no con medidas militarizadas. La situación es sumamente volátil, por ello es responsabilidad de las autoridades detener esta espiral de violencia antes de que se salga aún más de control”.
En la misma línea, la declaración de las y los académicos el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, Cecla, apuntó a que el malestar que da pie a las movilizaciones “tiene su origen en la desigualdad social, en la precarización del empleo y en la expropiación de los derechos sociales más básicos”, y añadió que “las protestas que recorren nuestras calles son parte de un movimiento nacional, latinoamericano y mundial contra la desigualdad, el daño a la naturaleza y todas las formas de exclusión social. Los ejemplos recientes de Puerto Rico y Ecuador nos recuerdan que somos parte de un continente explotado, pero también con una larga tradición de lucha, en la cual nos reconocemos. En estos países, al igual que en Chile hoy, los reclamos se dirigen contra una clase política incapaz de responder a las demandas de los pueblos que dicen representar y que, por el contrario, se colude con los intereses del gran capital”.
En su declaración, la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G. de la Facultad de Medicina se refirió a “la profunda desigualdad social y la violencia que ésta imprime cotidianamente en la vida de millones de ciudadanos/as, que son muestra del sufrimiento colectivo arrastrado por años en un sistema que no promueve la equidad social”. Desde su ámbito de trabajo, la Dirección de la Escuela señaló que “desde hace más de un siglo se ha demostrado que la desigualdad e inequidad social produce innumerables daños, enfermedades y muerte a quienes están en desventaja”. Junto a ello, agregó, “la progresiva y sostenida privatización y lucro en áreas fundamentales como salud, educación, pensiones, vivienda y transporte, con recursos que son cruciales para la vida y el desarrollo social, en desmedro de políticas de protección social, ha llevado a la sociedad chilena a una situación límite”. Asimismo, manifestó estar “a disposición de las instancias pertinentes para participar en procesos de diálogo y reflexión con el fin de contribuir desde nuestro quehacer a la identificación de caminos posibles que permitan generar acuerdos para avanzar hacia la solución de las demandas y recuperación de la paz social”.
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho manifestó su “total rechazo a la declaración de Estado de Emergencia en la región Metropolitana y otras regiones del país. En un Estado Democrático de Derecho, el gobierno debe agotar todos los mecanismos institucionales que el sistema democrático pone a su disposición para garantizar el orden público y responder a las demandas sociales. En lugar de restaurar la paz social, aquella declaración ha provocado una mayor molestia y efervescencia social”.
“Condenamos la violencia en todas sus formas”, sigue la declaración, “política e institucional. Sin embargo, estimamos que la decisión gubernamental de disponer de personal militar para reprimir las protestas sociales constituye violencia institucional y ha sido un factor coadyuvante en la crispación e incremento de la tensión social que se observa en los hechos de protesta social que han tenido lugar en todo el país. La supresión del derecho de reunión, la declaración de toque de queda y la represión a manifestantes que se expresan pacíficamente son actuaciones impropias de un Estado democrático”.
La Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen, en tanto, se refirió hoy al rol que han tenido los medios de comunicación en esta contingencia, planteando que “llamamos a los medios a cumplir con la exigencia ética y social que la profesión nos convoca, con un tratamiento plural y ético que no considere solamente las fuentes oficiales, sino a todas las voces. Exigimos a los medios no hacer de esto un espectáculo y estar a la altura de lo que requiere nuestra patria en el contexto de un Estado de Excepción que transgrede libertades y derechos individuales y colectivos”. Llamamos, dijo la Escuela de Periodismo, “a todos los integrantes de nuestra comunidad a romper desde sus herramientas comunicacionales la falta de rigor periodístico que privilegia el morbo y la entrega de la primicia”.
Las y los trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, Fenafuch, se manifestaron exigiendo «el fin inmediato de todos los estados de excepción decretados por el Gobierno, como es la ley interior, el estado de emergencia y el toque de queda». Agregaron esperar «del Gobierno y de la clase política, una respuesta decente a la demanda levantada por el mundo social». La Federación hizo un llamado «a los funcionarios de la Universidad a estar atentos y organizar actividades de reflexión para analizar lo que está pasando y poder tomar, en su momento, los mejores acuerdos que de verdad nos representen a todos».
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Fech, se manifestó en una comunicación pública este 18 de octubre, y apuntó que “rechazamos el llamado del ministro Chadwick a aplicar la Ley de Seguridad del Estado y emplazamos al Gobierno a abordar el problema de fondo; el descontento que se arrastra desde los gobiernos de la Concertación como los de Chile Vamos, sufriendo diariamente el alto precio del servicio de transporte público, que al igual que nuestra educación, salud y pensiones, se encuentra privatizado”.
Finalmente, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Cuech, que reúne a 18 universidades de todas las regiones de Chile, y es presidido por el Rector Ennio Vivaldi, ha señalado que “en este contexto, propiciar el diálogo y la no violencia requiere necesariamente de un nuevo pacto social cuyo horizonte y acciones propendan a retomar la senda de la cohesión y la justicia social. Las universidades estatales, como espacio para la comprensión y el diálogo en estos procesos de cambio tan significativos, ofrecemos a nuestras autoridades políticas y a la sociedad regional y nacional a la cual nos debemos, todas las capacidades de nuestros estudiantes, académicas y académicos y de la comunidad universitaria en general, con creatividad, libertad y tolerancia para aportar en esta urgente tarea”.
Texto: Jennifer Abate
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones
Universidad de Chile
