Expertos coinciden en la falta de una mirada sistémica de las políticas de educación superior

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«Experiencia Chilena de políticas de Financiamiento a la Educación Superior», fue el nombre del encuentro que reunió a expertos y autoridades, y que dio inicio a un ciclo de seminarios convocados por la U. de Chile. En esta primera cita plantearon sus posiciones, entre otros panelistas, el vicerrector de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, Daniel Hojman; al ex ministro de educación, Harald Beyer, quienes compartieron el espacio con el rector Ennio Vivaldi, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Alejandra Mizala.

La inversión en educación superior parece estar llegando a su límite; el financiamiento a los estudiantes se transformó en el componente principal del sistema de educación superior y afectó la evolución de todas sus dimensiones, como la calidad.

Esas fueron algunas de las conclusiones de los expertos y autoridades educacionales que participaron del seminario “Experiencia chilena de políticas de financiamiento a la educación superior”, organizado por la Rectoría de la Universidad de Chile, a través de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI), del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), y que se realizó el martes 27 de agosto en la Casa Central de la Universidad de Chile.

“Chile es el país que más invierte en Educación Superior como porcentaje de su PIB, alcanzando el 2,5 por ciento, mientras que el promedio de los países OCDE es de 1,5 por ciento”, dijo la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, Alejandra Mizala, al inaugurar el seminario con el que se da inicio al ciclo “Financiamiento de Educación Superior”.

Para contextualizar el debate, la profesora señaló que durante casi dos décadas el financiamiento estuvo fuertemente marcado por el subsidio a la demanda a través de políticas de créditos estudiantiles como el CAE y becas con escasa regulación a la oferta, mecanismos que han traído problemas en cuanto al aseguramiento de la calidad, un alto nivel de endeudamiento y financiamiento privado.

A esto, como señaló el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se suma que “el Estado se desentendió de la responsabilidad del sistema de educación superior, transfiriéndolo completamente al sistema privado», contexto en el que «para el mundo político se daba como un gran triunfo el aumento de la cobertura, a pesar de una transfiguración del sentido de la educación superior”.

Otro de los puntos planteados por Alejandra Mizala fue que la implementación de las políticas de gratuidad “no ha estado exenta de dificultades, entre otras cosas, porque el financiamiento de las instituciones adscritas está sujeto a un mecanismo que depende fuertemente de la economía del país y de las prioridades de los gobiernos”.

Al respecto, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que «la gratuidad está definida por ley como un financiamiento de carácter institucional, pero se calcula más como un financiamiento a la demanda. Es una incoherencia que la Ley pone encima de la mesa».

Expertos, expertas y autoridades universitarias y de gobierno asistieron a este encuentro.

Gratuidad, CAE e investigación

En el panel del seminario “Experiencia chilena de políticas de financiamiento a la educación superior” -moderado por el director del COES y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN)- Dante Contreras, el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile e investigador de COES, Daniel Hojman, señaló que «en los últimos quince años el impacto de las políticas de financiamiento estudiantil ha transformado el sistema”.

“Hoy no tenemos un modelo de educación superior, por lo menos no algo que podamos entender como un sistema coherente. Tenemos muchas políticas de financiamiento, y nos encontramos explícitamente en una transición con un alto grado de incertidumbre”, diagnosticó el experto.

Por su parte, la investigadora de la U. de Chile Carolina Guzmán, argumentó que no es posible hacer un análisis de la educación superior sin saber lo que pasa en el resto de las universidades del mundo. Al respecto, explicó que un tercio de las universidades públicas de la OCDE no cobra aranceles, que otro tercio cobra menos de USD 2.400 y el tercio restante, entre los que se encuentra Chile, cobran entre USD 3.000 y 10.000.

En cuanto a la gratuidad, señaló que este “no solamente es un tema financiero, es un tema político e ideológico” y explicó las principales diferencias de los discursos en torno a este mecanismo según una investigación en curso. Quienes están a favor, argumentan que la gratuidad debiese existir dado que produce retornos de bienes públicos para toda la sociedad y que se trata de un derecho social; mientras que aquellos que están en contra, se apoyan en que el dinero público no alcanza y que, al tratarse de un beneficio individual, los estudiantes son quienes deben endeudarse.

«Nos encontramos explícitamente en una transición con un alto grado de incertidumbre», diagnosticó el vicerrector Hojman.

Uno de los expertos que se manifestó en contra de la gratuidad fue el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer. El también y ex ministro de Educación señaló que “la gratuidad es un error (…) Reconozco que es un tema conflictivo, pero uno podría volver a un equilibrio político, donde se acepte que el 60% de los estudiantes tengan gratuidad y que el resto se financie a través de un sistema de créditos mucho mejor que el actual, mucho mejor diseñado (…) el modelo de financiamiento de la gratuidad es un modelo de costos, por lo tanto, teóricamente, no tiene sentido aumentar los costos”.

Por su parte, Alejandra Contreras, quien es asesora del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), se refirió a que las políticas de financiamiento tienen efectos en múltiples dimensiones que no son tomadas en cuenta al momento de diseñar una política, como en el caso del Crédito Aval de Estado (CAE), que fue una política “diseñada para aumentar cobertura, que si se analiza con perspectiva se puede calificar como exitosa, pero ha tenido consecuencias complejas en relación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde el crédito presionó para que este sistema no funcionara adecuadamente”.

Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional, enfocó sus comentarios en función del financiamiento de la política científica, un tema que, aseguró, ha tenido poca discusión. “No perdamos de vista que el financiamiento a la educación superior incluye un componente importante de financiamiento a las ciencias (…) El país invierte harto en educación superior pero poco en ciencia, y eso presenta algunas dificultades respecto del horizonte de desarrollo de la educación superior y particularmente de las universidades”, dijo

Bernasconi también criticó la creación de cargos no académicos para investigadores jóvenes en los centros, institutos y otros proyectos grandes.  “Es una solución parche (…), es una mala forma de inserción cuando estos investigadores no pueden instalarse como profesores propiamente tal en las universidades, más bien son personal de investigación contingente y sujeto a que haya recursos para financiarlos”, agregó.


COES – CIAE.
Fotografías: Felipe PoGa.