Los ojos del mundo están atentos a la situación chilena, particularmente a las numerosas denuncias de vulneración de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ya examinan los claros excesos asociados principalmente al Estado de Emergencia, mientras en Chile se discuten las responsabilidades de Carabineros, las Fuerzas Armadas y el Gobierno por los miles de detenidos y heridos. Académicos de la Universidad de Chile plantean los posibles escenarios a futuro ante estos hechos.
1.132 personas heridas en hospitales y 3.535 detenidas son las cifras oficiales entregadas este lunes por el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el estallido social que comenzó el 18 de octubre y que mantiene movilizada a la ciudadanía. A este reporte se suma una lista cercana a los 20 muertos en circunstancias no completamente aclaradas y denuncias múltiples de violencia sexual.
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile ha informado, por su parte, la recepción de más de 600 denuncias asociadas a casos que van desde detenciones ilegales y faltas al debido proceso hasta impactos de proyectil, golpes con lesiones graves y desnudamientos, entre otros.
Desde el mundo académico, incluso algunos han denunciado la existencia de un Estado de Sitio de facto por el exceso de atribuciones con las que han actuado los agentes a cargo del orden y la seguridad pública. Carabineros, las Fuerzas Armadas y el Gobierno aparecen como los principales responsables de estas y otras vulneraciones de derechos fundamentales realizadas principalmente durante el establecimiento del Estado de Emergencia.
Para el profesor de la Facultad de Derecho y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Claudio Nash, “el actuar en materia de detenciones ilegales y maltrato a las personas son actuaciones que hoy no tienen ningún sustento en la legalidad vigente. Por lo tanto, no sólo estamos ante un estado de sitio de facto, sino que estamos ante una situación de graves y masivas violaciones de derechos humanos. Eso es gravísimo y debe ponerse término a esa situación de facto y quien es responsable de eso es el gobierno”.
La profesora la Facultad de Derecho de la U. de Chile y presidenta de la Fundación Chilena de Derecho Constitucional, Ana María García, sostiene que en ningún caso se pueden transgredir los derechos fundamentales, “lo que se tiene que hacer es poner a las personas a disposición del juez si incurren en actos que la policía estime que rebasan el orden público. No se puede limitar el derecho al debido proceso, ni violar los derechos humanos. Aquí hay que actuar dentro de la institucionalidad y con la debida protección de los derechos de las personas. La prudencia es lo que tiene que imperar en este país y en las autoridades que ejercen el poder del Estado”.
Responsabilidades penales y políticas
La académica del Instituto de Asuntos Públicos, Claudia Heiss, comparte la idea de que se han observado medidas que son más propias del Estado de Sitio. “Hemos visto personas que han sido reprimidas dentro de sus hogares y en situaciones de protesta pacífica. Creo que efectivamente se ha dado un uso inconstitucional del Estado de Emergencia”. En este sentido, plantea que la responsabilidad del uso del Estado de Excepción es del Presidente de la República, “es él quien decide las medidas que se toman y es responsable de lo que ocurre bajo el Estado de Excepción ante el Congreso”.
Por otra parte, señala que “los tribunales de justicia también pueden pronunciarse por las medidas en Estado de Emergencia. La responsabilidad política de lo que está ocurriendo es del Presidente, pero por supuesto si hay un exceso individual que estuviera fuera del marco de las instrucciones siempre hay responsabilidades individuales”. Este juicio es compartido por el profesor Nash. “Aquí hay responsabilidades criminales que deberán establecerse por quienes han cometido delitos, y responsabilidades políticas por quienes han avalado esos crímenes y no han puesto fin a ellos pudiendo hacerlo, y esas son autoridades políticas”, sentencia al respecto.
La responsabilidad penal por las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido tiene como responsables fundamentalmente a los autores de estos hechos, especifica la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Nancy Yáñez. Desde la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, señala, “estamos trabajando en poder identificar la responsabilidad penal de quienes han vulnerado los derechos humanos en el marco de la declaración del Estado de Emergencia. Estamos haciendo llegar a la Fiscalía las denuncias de todos los casos que nos han ingresado para el desarrollo de las investigaciones penales. Además hay algunos casos de extrema gravedad en los cuales estamos asumiendo la representación legal y por lo tanto vamos a presentar querellas”.
Por otra parte, indica a la acusación constitucional como el principal mecanismo para perseguir la responsabilidad política. No obstante, plantea que “si en el análisis posterior de esta situación se logra constatar que se han cometido crímenes calificables como de lesa humanidad probablemente también habrá responsabilidad penal por parte de las autoridades políticas”.
Instancias internacionales
Los académicos plantean múltiples escenarios posibles ante las desprolijidades y casos de vulneración de derechos fundamentales constatados desde el inicio de las movilizaciones. Uno de ellos tiene relación con la activación del sistema internacional en esta materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la Universidad de Chile y otros organismos, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, examinarán los claros excesos asociados principalmente al Estado de Excepción.
La profesora Yañez explica que estas dos instancias «deberían verificar el grado de vulneración de derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales, cuál es la gravedad de estos hechos, y ponderar la responsabilidad que el Estado, especialmente la masividad de las agresiones que se han generado en el proceso de represión de la protesta social por parte de las fuerzas de orden y seguridad». Sostiene además que «en el marco de las visitas de los organismos internacionales de protección a derechos humanos las autoridades deben dar cuenta sobre todo de las afirmaciones que han realizado y que son absolutamente inaceptables en un estado de derecho, como afirmar que nos encontramos en guerra, como si la ciudadanía fuera un enemigo interno. Esto ha validado a las fuerzas de orden y seguridad estas actuaciones al margen de la ley y del estado derecho».
Ante la afectación de derechos garantizados por la Constitución y tratados internacionales, la profesora García comenta que “es indispensable estar atentos a que no se cometan abusos. Estamos en un Estado de Emergencia, pero en un Estado de Derecho, que en el fondo es un remedio a la enfermedad que sufre el cuerpo político en estos momentos, pero eso no justifica abusos, ni violaciones, ni significa restringir los derechos más allá de lo necesario. Es positivo que venga una comisión a constatar cómo se está realizando esta restricción de los derechos”.
Texto: Cristian Fuentes
Prensa UChile
