Para que nunca más en Chile: hacia una salud y vida digna para todos y todas

La pandemia que nos asola ha venido a desvelar la crisis del sistema de salud y de seguridad social y las profundas inequidades existentes en Chile. Estamos no sólo ante una dramática crisis sanitaria, sino como ya lo había mostrado el 18-O, ante una crisis social y política. En lo que sigue delineamos esa crisis, sus causas, y planteamos algunas propuestas a futuro.

Crónica de un desastre anunciado

La pandemia de COVID-19 es una catástrofe mundial anunciada. Ha puesto en evidencia las amenazas que trae el crecimiento descontrolado de las ciudades, la globalización y un orden mundial guiado primordialmente por la competencia desenfrenada, el individualismo y el lucro. La pandemia ha mostrado, además, la incapacidad de este orden socioeconómico para abordar los desafíos que imponen situaciones críticas como ésta. A pesar de que la amenaza de pandemia fue advertida de múltiples maneras, la mayoría de los gobiernos nada hicieron porque para hacerle frente se debían tomar medidas que afectan ese orden mundial. Y como consecuencia llegó el desastre.

Los resultados de esta crisis sanitaria en Italia, España, Francia, USA o Inglaterra son dramáticos, a pesar de ser economías fuertes; por otro lado, países como Alemania, Nueva Zelanda o Islandia han conducido mejor el problema. Estos últimos países comparten una característica estructural común: tienen sistemas de seguridad social y salud pública fuertes, organizados y universales. El avance de la pandemia es noticia en desarrollo en los países latinoamericanos, todos con sistemas políticos y economías débiles.

Quienes han tenido mejores resultados contra la pandemia (China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Islandia, etc.), aunque con tácticas muy diferentes, lograron desarrollar una estrategia clara que se asienta en cuatro consideraciones: 1. Prevenir las muertes de sus ciudadanos tomando medidas coherentes y oportunas 2. Adoptar decisiones basadas en las condiciones estructurales de su sociedad y en la evidencia nacional e internacional que la pandemia iba entregando 3. Comunicar claramente el riesgo hacia la población y explicitar la estrategia sanitaria que se está desarrollando y 4. Diseñar medidas orientadas a proteger activamente el empleo de los trabajadores y su poder adquisitivo, mediante un amplio abanico de acciones que incluyen transferencias directas hacia los hogares.

El caso chileno

La pandemia encuentra a Chile en el medio de una revuelta social que cuestiona fuertemente el modelo neoliberal y que levanta el derecho social a la salud como una de sus reivindicaciones centrales. El primer caso de COVID-19 fue detectado el 3 de marzo de 2020. Desde esa fecha las políticas gubernamentales evidenciaron una estrategia sanitaria errática, no siempre a tono con la dinámica epidemiológica de la infección ni con las condiciones económicas, sociales y culturales de la sociedad chilena.

Al considerar las acciones que no se desplegaron, se observa que en general las medidas gubernamentales se enmarcan en la caja de herramientas heredada del modelo económico vigente, que privilegia los índices macroeconómicos y los intereses de los grandes grupos económicos por sobre el bienestar y la protección de la seguridad y la vida de las personas.

A pesar de que la evidencia internacional mostraba irrefutablemente la rápida expansión del virus en la población, el gobierno se resistió inicialmente a tomar medidas como cordones sanitarios, detección y aislamiento eficaz de personas positivas que venían llegando desde el extranjero, cuarentenas comunales y el cierre de establecimientos educacionales. Sólo la fuerte presión de las organizaciones de la sociedad civil y algunos municipios lograron que algunas de estas acciones fueran tomadas. Aun así, las directrices y medidas que emanaron desde el MINSAL hacia los servicios de salud fueron tardías y confusas (algunas veces contradictorias) lo que se tradujo en énfasis y preocupación desiguales en regiones y comunas. Algo similar ocurrió con las medidas sociales y económicas.

En esas difíciles circunstancias, la red de salud pública del país y sus trabajadores han continuado asegurando el cuidado de la salud y han mostrado una tremenda superioridad y compromiso al servicio de la población por sobre el sistema privado.

El manejo de la crisis

Los datos son una herramienta fundamental en el manejo de cualquier epidemia. Desde el comienzo, éstos fueron escasos, desorganizados mostrando un nivel de inexperiencia desconocido hasta ahora por la salud pública chilena. Por ejemplo, las definiciones básicas de contacto, caso, o recuperado, han llegado tarde o simplemente nunca se han definido claramente. La comunicación del gobierno y de la autoridad sanitaria, que ya arrastraban una falta de credibilidad desde la revuelta social del 18-O, fue incapaz de mostrar empatía, asertividad y sentido común. El gobierno ignoró el importantísimo papel de la comunicación de riesgo en una emergencia sanitaria como la que enfrentamos.

Paralelamente, el gobierno ha implementado una serie de medidas económicas que entregaron a la banca grandes capitales desde el Estado sin garantizar la llegada de éstos a las Pymes. Respecto de los trabajadores, no consideraron que aproximadamente el 45 por ciento de la masa laboral chilena está empleada en trabajos informales, es trabajador autónomo o no tiene un contrato permanente. Incluso el trabajo de aquellos que sí lo tienen quedó desprotegido, al permitir a las empresas despedir arbitrariamente a sus trabajadores a efectos de la crisis sanitaria, o bien forzándolos a recurrir a los fondos acumulados en el seguro de desempleo. Los trabajadores quedan así expuestos a una doble pandemia: la sanitaria y la de subsistencia económica.

Analizando las causas

No es difícil advertir qué está en la base de nuestro drama actual. La pandemia dejó en evidencia un sistema de salud debilitado, con enormes diferencias entre comunas pobres y ricas y entre regiones y la capital, descoordinado y desmantelado en sus capacidades técnicas y tensionado hasta el máximo por la patología tradicional. El marco impuesto por la Constitución de 1980 y las subsecuentes políticas neoliberales destruyeron el concepto de salud como un derecho social y pusieron a la enfermedad como la mercancía en torno a la cual gira el lucro del sistema. La responsabilidad del bienestar sanitario (la política de salud pública) fue traspasada al individuo, separando la salud de las condiciones sociales, económicas, culturales y medioambientales donde las personas habitan.

La organización del sistema de salud se fragmentó: El 20 por ciento más rico creó su propio sistema de salud que concentró grandes recursos económicos, subsidios cruzados y profesionales especializados, mientras el sistema público que atiende el 80 por ciento restante de la población se debilitaba; se separó la atención primaria de la atención hospitalaria; se separaron la redes sanitarias del seguimiento epidemiológico y se desmantelaron unidades, como las que se hacían cargo de la vigilancia y notificación de las enfermedades infecciosas, por ser poco útiles. Todo lo anterior empobreció la estrategia sanitaria, aumentó la burocracia, debilitó la salud local e impidió la coordinación y coherencia del sistema, generando una enorme disparidad entre regiones y comunas. Esto profundizó las diferencias de clase, territoriales, étnicas, y etarias en el acceso, tratamiento y resultados de la salud, y se reflejan hoy dramáticamente en los grupos y territorios donde el virus está produciendo más estragos.

A la disfunción del sistema de salud, se agregan las trabas que el modelo económico y una sociedad segregada ponen al combate a la pandemia. La resistencia y lentitud del gobierno para dictar medidas obligatorias de cuarentena en las comunas de trabajadores se explica así: si el gobierno hubiese decretado medidas de aislamiento sistemáticas manteniendo sólo las actividades indispensables, que es la única forma de controlar adecuadamente una pandemia, habría tenido que legislar la prohibición de despidos, subsidiado o financiado plenamente a las pequeñas y medianas empresas y establecido una renta básica transitoria para todos los trabajadores informales o por cuenta propia. En cambio optó por privilegiar con cuarentenas las comunas del nororiente de la capital, y no protegió al resto del país. A esos “otros” el gobierno solo les “recomendó” quedarse en su casa, con plena consciencia de que era una advertencia que sólo podría seguir la gente con recursos económicos. Lo más de fondo es que requerían mantener activos a los trabajadores que sobreviven sirviendo a ese grupo privilegiado y cuya mayoría tiene un trabajo precario bajo las modalidades ya mencionadas. Como decía un empresario poderoso: “No podemos seguir parando la economía. Debemos tomar riesgos y eso significa que gente va a morir”. Sabemos a qué gente se refería.

Lo que viene, para que nunca más

Sin duda esta pandemia pasará, pero no debemos olvidar que no será la última. Se requiere para enfrentar a ésta y a las próximas pandemias, una economía, un sistema social y una “moral” social adecuada. ¿Cómo hacerlo? Hay dos etapas. Primero, lo urgente: ¿cómo hacemos frente a una epidemia que lejos de estar contenida muestra una dinámica muy preocupante (especialmente para la población de menos recursos)? Segundo, el futuro inmediato: ¿cómo organizamos el sistema sanitario, el sistema productivo, la legislación laboral y las relaciones entre las personas para estar mejor preparados para la próxima?

Lo central es que la vida debe estar por sobre cualquier otro interés, especialmente en este tipo de emergencias. Para esto se requiere de una estrategia coherente que aborde integralmente los aspectos sanitarios y materiales de la vida afectados por la pandemia. En relación con esto proponemos en los puntos que siguen un conjunto mínimo de medidas inmediatas y de futuro sobre los aspectos sanitarios y socioeconómicos de la crisis:

PROPUESTA: MEDIDAS MÍNIMAS, URGENTES E INMEDIATAS

• Socio-sanitarias:

A nivel de población:

a) Oportuna y accesible detección de casos y contactos en la población, incluidos casos asintomáticos, para su seguimiento y aislamiento adecuado.

b) Implementar medidas que aseguren protección socio-económica para que las y los trabajadores puedan adherir a las indicaciones de aislamiento físico. Ampliación de estas medidas de acuerdo con una estrategia sanitaria coordinada.

c) Reforzamiento de las medidas de distanciamiento físico.

A nivel de trabajadores de la salud:

a) Programa de cuidado integral del personal de salud en todos los niveles de atención.

b) Garantizar Elementos de Protección Personal e Implementar descansos de exposición al personal de salud según el nivel de riesgo de exposición al virus.

b) Participación vinculante del personal de salud en la toma de decisiones.

A nivel del sector salud:

a) Constitución de comités operativos de pandemia a nivel comunal y regional.

b) Apoyo presupuestario a la atención primaria y redes comunitarias territoriales de las comunas más pobres para la atención de pacientes crónicos, adultos mayores, apoyo psicosocial y fortalecimiento de redes solidarias.

c) Transparencia y disponibilidad de la información y datos epidemiológicos. Sistematización de la evidencia.

• Socioeconómicas:

Las medidas que se deben tomar en materia socioeconómica deben estar orientadas a dos grandes objetivos: minimizar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo y mitigar lo máximo posible la caída del nivel de ingresos que está generando la crisis sanitaria.

Para ello, se proponen las siguientes medidas:

a) Establecer una renta universal para todas las categorías de trabajadores que lo requieran, y que permita asegurar una subsistencia digna mientras dure la emergencia sanitaria.

b) Plan de rescate de Pymes, que generan la mayor parte del empleo: transferencias directas para el pago de nóminas salariales hasta determinado monto; moratoria de impuestos; programa de préstamos y apoyo con condiciones explícitas impuestas por el Estado a la banca privada.

c) Establecer medidas concretas de protección a los trabajadores a través del congelamiento de pagos de hipotecas, créditos de consumo y cuentas de servicios básicos de todas las personas que hayan perdido sus trabajos, sean estos formales e informales.

d) Rebaja en los aranceles de pre y posgrado, financiada con mayores aportes fiscales; exención para familias que quedaron sin trabajo; apoyo técnico, económico, y psicosocial a profesores y estudiantes para abordar su labor de compromiso y servicio al país en este período.

Todo el gasto fiscal extraordinario generará inevitablemente una gran carga de deuda interna y externa, ya que los recursos públicos acumulados en el extranjero no son suficientes. Como esa deuda deberá pagarse en el mediano y largo plazo, ello debería efectuarse vía un aumento permanente y significativo en los impuestos a las más altas rentas del país, reduciendo así la extrema desigualdad socioeconómica existente en Chile.

EL FUTURO: PARA QUE NUNCA MÁS

La salud se construye en la suma de las condiciones biológicas, sociales, culturales y económicas y es el Estado quien debe garantizar (no subsidiar) condiciones de vida dignas y equitativas para toda la población. Debemos avanzar hacia un sistema público universal de salud cuyo funcionamiento sea integrado y que dé respuestas integrales a los problemas de salud de la población. Los ejes de este sistema deben ser la atención primaria y las estrategias de promoción y prevención de salud comunitarias. Asimismo, es central dignificar el estatuto de los trabajadores de la salud, asegurar la participación de los equipos de salud en la toma de decisiones y la participación vinculante de las organizaciones sociales en las políticas de salud.

Debemos organizar un Plan de recuperación del empleo que permita asegurar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de mejores condiciones laborales y una reducción estructural de los altos niveles de desigualdad existentes en nuestro país. Por otro lado, se deberá recuperar y fortalecer los bienes comunes públicos esenciales como son la previsión, salud y educación, ya que se ha demostrado que el desvío de recursos estatales para financiar sus contrapartes privadas no permite asegurar la protección de las personas. Asimismo, es necesario fortalecer la economía transformando la matriz productiva desde las actividades primarias hacia la industria y otros bienes y servicios.

La pandemia ha expuesto la fragilidad de las sociedades donde el bien común ha sido secuestrado en beneficio de una minoría. En Chile en los últimos 45 años se impuso y profundizó un modelo que ha privilegiado el lucro, el individualismo y la competencia por sobre la salud, lo colectivo y la solidaridad. El combate a una pandemia como el COVID-19 y los desafíos que como humanidad enfrentaremos exige que repensemos las bases estructurales, morales y éticas de la sociedad que hemos construido.

Para terminar, queremos señalar que la coyuntura de la pandemia ratifica lo que ya sabíamos y ensancha el umbral de oportunidades abierto a fines de 2019. El 18-O comenzó con una crítica basal al modelo que nos tiene en esta crisis. El COVID-19 solo ha puesto aún más en evidencia las desigualdades estructurales y la concentración del poder que ha generado ese modelo. Saliendo de la crisis sanitaria, reorganizaremos nuestras vidas y esta discusión se enlazará con la discusión constitucional que ya habíamos comenzado. La lucha contra la pandemia, por la solidaridad entre nosotros, por entender que necesitamos comunidad y no egoísmo, sistemas de salud, de educación y de trabajo con sentido social, es la misma conciencia que despertó el 18-O y la que continuamos hoy y proyectaremos mañana.