Visita a la CIDH consolida el rol de la Universidad de Chile como universidad pública

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En esta entrevista, el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, y la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (CDH), Nancy Yáñez, se refieren a la representación de nuestro plantel ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los comentarios del organismo internacional ante la defensa del Estado en esta instancia, enfocada en los daños materiales producto de las movilizaciones sociales. Además, dan cuenta de las principales preocupaciones y puntos clave en relación al nuevo proceso constituyente.

En medio de la represión sostenida y las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales actuales, el pasado lunes 11 de noviembre un grupo de académicos y académicas y estudiantes de la Casa de Bello, junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil, llegó a la ciudad Quito, Ecuador, a uno de los encuentros internacionales más relevantes en la historia reciente de Chile en materia de derechos humanos.

La delegación de la Universidad de Chile, conformada por la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, coordinada por el académico Claudio Nash, y la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho, integrada por la directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, y por un diverso grupo de organizaciones de la sociedad civil, expuso contundentemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Ambos expertos en la materia analizan el rol público de la Casa de Bello en momentos clave como el actual, valoran el diagnóstico realizado por los integrantes de la Comisión y apuntan a la relevancia de que el nuevo acuerdo social ponga en el centro a los derechos humanos.

¿Cuál es la importancia de que la Universidad de Chile mantenga una alianza sólida con organizaciones de la sociedad civil para denunciar las violaciones a los derechos humanos ante un organismo internacional tan relevante como la CIDH?

N.Y: consolida el rol de la Universidad de Chile como una universidad pública que tiene por objeto, a través de la formación universitaria, consolidar las bases de la República que están constituidas fundamentalmente por una democracia robusta, que es precisamente aquella que se funda en el pleno respeto de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de todos los que conformamos esta comunidad política. Yo creo que lo que ha hecho la Universidad de Chile al establecer estas alianzas con la sociedad civil es precisamente cumplir sus labores de extensión, que son realizar las acciones para garantizar que la institucionalidad democrática funcione con pleno respeto de los derechos humanos y en base a los principios que son rectores, que es el principio a la igualdad, a la no discriminación, que está en las bases de las reivindicaciones sociales hoy día, y a la integridad física y psíquica de todas las personas que, lamentablemente, ha quedado puesto sobre la mesa a consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos que se han generado por el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez.

¿Es primera vez que la Universidad de Chile lleva un caso tan relevante como este ante la CIDH?

C.N: como Universidad, sí, porque antes hay casos donde estudiantes, por ejemplo, presentaron una sesión sobre violencia policial también en manifestaciones en el 2011 – 2012, cuando estaba todo el tema del movimiento estudiantil. Ahora, lo que sí es diferente es que esta es la primera vez que institucionalmente la Universidad actúa, es decir, no sólo sus estudiantes, sino que, como Universidad, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, eso sí es primera vez en la historia.

N.Y: es primera vez que un caso de estas dimensiones llega a la Comisión por gestión directa de la Universidad de Chile, sin embargo, yo creo que es importante dar cuenta de que la Universidad, en la historia de la conformación republicana, ha tenido un rol fundamental no sólo de formar profesionales para servir al país, sino que fundamentalmente de poder construir una sociedad más justa y equitativa.

¿A qué responde que la Universidad de Chile haya tenido doble representatividad en esta instancia?

C.N: creo que, a nivel internacional, es un reconocimiento a la seriedad del trabajo en derechos humanos de la Universidad, y por lo tanto es claramente una institución que le da confianza a los órganos internacionales que lo que la Universidad va a plantear es algo que tiene sustento y por lo tanto es relevante escucharlo.

N.Y: la Cátedra de Derechos Humanos es una instancia que demuestra el compromiso que la Universidad tiene con la formación en derechos humanos y, además, con su difusión y promoción en el país cumpliendo con estos objetivos que he señalado. Por otro lado, la Defensoría Jurídica surgió de la coyuntura, es una instancia que se constituye para responder a una emergencia y que ha contado con el apoyo de las autoridades de la Universidad y, al mismo tiempo, se denominó defensoría porque todos asumimos que la Universidad de Chile es una de las instituciones más prestigiosas del país y que le da a la gente mucha confianza. Por eso que todas las organizaciones estuvieron dispuestas a que ese sea nuestro nombre y por eso es que la Comisión la convoca: porque es una instancia plural y tiene a su cargo la representación o ha recibido las denuncias de más de 1.300 personas.

¿Cuáles son sus impresiones de los comentarios de la CIDH sobre lo que está sucediendo Chile y de la interpelación que realizó a los representantes del Estado?

C.N: me parece importante lo expresado por la Comisión porque da cuenta, por una parte, del conocimiento que tienen de la situación en Chile y, por otra, de la visión crítica que tiene de lo que ha sido la actuación del Estado los últimos años ante dicho organismo.

Ahora, por otro lado, el planteamiento de Chile fue un error. Creo que enfocar el tema en los daños materiales y no en lo que era el motivo de la audiencia, que eran las graves violaciones de derechos humanos y, además, entregar información que como lo señaló la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, no era exacta, generó un momento muy desafortunado frente a una instancia internacional donde el Estado de Chile debiera ser mucho más riguroso que lo que fue en la audiencia del pasado lunes 11 de noviembre.

N.Y: los comentarios de la Comisión responden a visibilizar los estándares interamericanos que son conocidos por el Estado y que no fueron tomados en consideración en la presentación que hizo la delegación del gobierno. Entonces, cuando la comisión los interpela respecto al efecto diferenciado sobre niños, niñas y adolescentes, cuando da cuenta de que el principio de la integridad física y psíquica constituye un atentado a la dignidad de las personas a la luz del artículo 5 de la Convención Americana, y que no es posible establecer una relación entre los daños a la propiedad y los daños a las personas, pone en cuestión la regla de la proporcionalidad y de la necesidad para el uso de la fuerza. En definitiva, lo que está haciendo es indicarle al Estado de Chile que está obligado, internacionalmente, como suscriptor de la Convención, pero al mismo tiempo como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), a respetar estos estándares.

El coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash.

La madrugada de este viernes se dio a conocer el histórico acuerdo para reemplazar la Constitución, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en torno a este proceso?

N.Y: hay que lamentar que los cambios políticos tengan que ser el resultado de un proceso de estas características que cobran tantas víctimas. La verdad es que uno no puede dejar de dar cuenta que nada justifica la vulneración de los derechos humanos, la pérdida de vidas o el daño a la integridad física y psíquica de las personas, y por lo tanto tendremos que lamentar que esto haya ocurrido en nuestro país, más allá de que los resultados parece que no eran posibles sino en el contexto de una movilización social como la que se ha tenido y, por lo tanto, es súper importante valorar cómo la ciudadanía ha abogado por sus derechos.

Pero tengo grandes preocupaciones, y la primera de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con que un acuerdo de estas características sea validado por la clase política que, a mi juicio, ha sido cuestionada en su legitimidad para deliberar respecto al destino de nuestra sociedad. Por lo tanto, uno debiera pensar que este acuerdo, o cualquier otro, debiera tener mecanismo que permitan la representación de voces alternativas a aquellas que configuran el establishment político en Chile hoy en día.

Y por otro lado, un debate de estas características debe representar la diversidad que configura la sociedad chilena y uno de los debates importantes es la cuestión de la plurinacionalidad, es decir, cómo van a estar representados los pueblos originarios en este debate desde el inicio mismo de este debate, desde el llamado “acuerdo de paz” para adelante, pero también cómo estará representada la ciudadanía diversa y esto es: cuál es la representación paritaria entre hombres y mujeres, la representación paritaria entre las distintas regiones del país, por citar algunos de los elementos de fondo en este debate.

C.N: desde el punto de vista de derechos humanos, veo dos riesgos. El primero tiene que ver con el procedimiento, me parecería muy malo que no se respetara el espíritu que hoy día existe de que debe ser un procedimiento con amplia participación ciudadana. El acuerdo aún tiene que desarrollar la letra chica y, por lo tanto, todavía hay espacio para que los políticos de todo signo vuelvan a secuestrar el acuerdo constitucional y dejen fuera a la ciudadanía, eso le quitaría toda legitimidad al proceso.

El segundo riesgo ya no es de procedimiento, sino que sustantivo: el nuevo acuerdo constitucional tiene que poner los derechos humanos en el centro de la discusión y, por lo tanto, no puede quedar solo como un catálogo de derechos, sino que debe permear todo el aparato de poder público que va a ser revisado en esta nueva Constitución. Por lo tanto, hay un enorme desafío, desde los derechos humanos, de poder transversalizar el debate y plantear una relación distinta de los órganos del Estado con la efectiva protección de los derechos humanos.


Bárbara Barrera – periodista Vexcom