Junto con relevar las masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la actual movilización social, expertos de nuestra Casa de Estudios hicieron un llamado a investigar las denuncias que se han presentado hasta la fecha en distintas instituciones y a consolidar el apoyo estatal a las redes y organismos preocupados de su defensa. Al mismo tiempo, llamaron a generar estructuras institucionales que garanticen derechos a pueblos originarios y migrantes, con especial énfasis respecto al medio ambiente.
Este 4 de noviembre se desarrolló en la Casa Central el segundo encuentro transversal universitario bajo el título «Derechos Humanos, crisis y democracia», como parte del proceso participativo convocado por el Comité de Coordinación Institucional, integrado por la Rectoría, el Senado Universitario, el Consejo Universitario y el Consejo de Evaluación, denominado “La Universidad de Chile y el nuevo Acuerdo Social”.
En la instancia distintos expertos del área realizaron exposiciones para luego pasar a un diálogo con los integrantes de la comunidad universitaria que se congregó en el patio Domeyko del edificio patrimonial de nuestra institución.
Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de DD.HH. de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones abrió la discusión planteando que esta crisis no era desconocida, sino que «nadie quiso ver desde las instancias de poder donde debían tomarse decisiones, y eso tiene que ver con la crisis de DD.HH., porque si teníamos un compromiso post dictadura era que precisamente íbamos a poner los DD.HH. en el centro de la agenda y de la discusión para construir una democracia fundada en la plena vigencia de DD.HH., y eso no se dio. Esa fue una promesa incumplida, una más de las promesas incumplidas de la transición”.
Para el académico lo que hoy existe en Chile es un estallido social que tiene causas profundas «relacionadas con la incapacidad del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los DD.HH.. No podemos hablar de las inequidades, exclusiones y de los abusos cotidianos de este país, sin hablar de DD.HH., pero además en estos días nos hemos dado cuenta que incluso el compromiso formal, el discursivo, se acabó en esta materia. Hoy se justifican y se relativizan sus violaciones, una vez más se busca contextualizar».
A continuación, la directora del Centro de DD.HH. de la Facultad de Derecho, Nancy Yáñez, hizo un balance del trabajo realizado hasta el momento por la Defensoría Jurídica de nuestro plantel, explicando que la información recabada en los centros de salud «demuestra una situación masiva de vulneración de derechos», con el agravante de que se observa una vulneración diferenciada respecto «a grupos de extrema vulnerabilidad que requieren especial protección del Estado. Ese es el caso de niñas, niños y adolescentes de la población de mujeres, población LGTBIQ+, personas con discapacidad, adultos mayores, personas en situación de calle, personas afectadas con VIH, extranjeros, migrantes».
En cuanto a cifras, Yáñez destacó que se han recibido 930 denuncias, de las cuales «895 involucran a Carabineros de Chile, 35 a funcionarios del Ejército y 10 a funcionarios de la Policía de Investigaciones, y esto es clave porque da cuenta que la responsabilidad institucional de Carabineros es particularmente grave en esta crisis. Por lo tanto realmente intolerable el apoyo institucional que ha dado el Estado respecto al actuar de las fuerzas policiales».
A continuación, Claudia Zapata, integrante de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos, junto con alertar sobre la vulneración de derechos a los y las migrantes y del aumento de la xenofobia y revictimización de estas comunidades, hizo hincapié en el carácter estructural de la violencia del Estado. «La represión policial es sistemática, y ahí tenemos lamentablemente que contradecir lo dicho por el director del INDH, y que se erige a estas alturas de manera indudable como uno de los pilares del neoliberalismo chileno. La violencia y la represión son unas de las condiciones que permiten su funcionamiento», aseguró.
En esa línea, Zapata indicó que «no puede haber un pacto social sin verdad y sin justicia. Queremos proponer que se exija la creación de una Comisión de Verdad Histórica sobre las violaciones a los DD.HH. en democracia, aunque duela el título de la comisión, que investigue la desaparición forzada, las ejecuciones, la tortura, la prisión política y todos los vejámenes desde 1990 hasta la fecha».
Finalmente, la académica, haciéndose eco de las deliberaciones realizadas triestamentalmente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, hizo un llamado a la Universidad a repensar su equidad interna, asegurando que no es posible superar esta crisis si la U. de Chile no es capaz de mirarse a sí misma para terminar con las injusticias existentes en su interior.
Por su parte la profesora Verónica Figueroa, senadora universitaria y académica del Instituto de Asuntos Públicos, expuso desde su calidad de integrante del pueblo mapuche, relevando la importancia de avanzar hacia una comprensión diferente del país, incorporando la plurinacionalidad y el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y sus derechos.
«Nosotros como pueblos indígenas no hemos tenido jamás participación en ninguno de los procesos constitucionales. Al igual como ha ocurrido con la nación chilena, para nosotros de alguna manera se agrava por esta doble circunstancia: habitantes de este territorio pero con un desconocimiento de derechos», remarcó.
La profesora Figueroa aseguró que, históricamente, las reivindicaciones del pueblo mapuche «han derivado en una creciente violación del los DD.HH. Esto tiene relación con las denuncias por el incremento de la violencia en zonas indígenas, la excesiva presencia policial en la Región de la Araucanía, los violentos allanamientos en los territorios donde viven comunidades mapuche, las denuncias por violencia estatal a familias, niños y niñas mapuche, las denuncias por torturas dentro de instituciones penitenciarias, así como también el asesinato de persona indígenas», y que ante esa situación la Universidad de Chile puede cumplir un rol importante.
Finalmente Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, hizo un llamado a no normalizar lo que ha ocurrido durante estos días en el país. «No puede ser que para el próximo conflicto social esta sea la forma de solucionarlo. Esta es una cuestión tajante a señalar», aseguró.
En su opinión «la pregunta sobre cómo responder a las movilizaciones y a la protesta social en estos días es cómo buscar dar salidas democráticas y no represivas a los conflictos sociales, y ahí cobra relevancia el enfoque de DD.HH. y cuáles son los derechos que deben considerarse en la nueva Constitución que se discute. Esta última pregunta se relaciona con qué historia queremos contar sobre cómo se solucionó este conflicto, qué diremos en 20 o 30 años más, y ahí debemos pelear para que haya sido una salida democrática y comprometida con los DD.HH.».
Texto: Felipe Ramírez
Fotografías: Alejandra Fuenzalida
Prensa U. de Chile
