La violencia política contra las mujeres: una amenaza a la democracia

 Publicado en Destacados, U. de Chile,

En un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, expertas advierten de los abusos sistemáticos a los derechos humanos de las mujeres y disidencias ocurridos en el marco de las protestas en Chile. La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, la reconoce como una práctica que «impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas, y se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en la vida política».

Cada 25 de noviembre se conmemora mundialmente a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, más conocidas como las hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y asesinadas en 1960 en República Dominicana. En 1981 el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Colombia, relevó la fecha de su asesinato, donde se acordó la conmemoración de este día como uno de reflexión y denuncia de las diferentes formas de violencia que experimentan las mujeres a lo largo de su vida, y desde 1999 la ONU reconoció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según el registro anual que lleva la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va de 2019 ya se han perpetrado 58 femicidios, uno menos que en 2018, y en las semanas de protestas sociales se han registrado diversos casos de violencia político sexual.

Desde el comienzo de las movilizaciones sociales, la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) junto al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudiantes de Derecho, Londres 38, y gracias a la colaboración de académicas, académicos y estudiantes, conformaron la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, espacio desde donde se han desplegado en realizar asistencia jurídica y observación de DD.HH. en el marco de las protestas.

La directora del área de Derechos Humanos de ABOFEM, Camila Troncoso, destaca que como organización actualmente están abocadas a “recibir denuncias, recopilar relatos de víctimas de violencia político sexual y patrocinar estos casos ante tribunales en forma gratuita”, aportando una sistematización de los casos que han afectado a mujeres y a personas que se reconocen como LGTBIQ+.

Explica además que, en el marco de las movilizaciones, este tipo de violencia se ha constatado principalmente en los lugares de detención y en la vía pública. “Como ABOFEM hemos recibido más de 60 denuncias a lo largo de todo Chile, de las cuales 40 se han materializado en querellas, algunas ya presentadas y otras en estudio para ser presentadas ante tribunales”, agrega Camila Troncoso.

Las especificidades de la violencia política contra las mujeres

En 2017 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará elaboró la “Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres”, donde se reconoce que “la violencia política que se ejerce contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia. La violencia política por razones de género impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan a sus vidas, y se beneficien de este proceso, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para influir en la vida política”.

“La mayoría de los casos que nos han llegado se refieren a violencia política sexual en el contexto de las detenciones. El hecho de que este tipo de violencia esté presente en la gran mayoría de los casos de detenciones de mujeres y disidencias sexuales a lo largo de todo el país, da cuenta de una práctica sistemática y profundamente arraigada en las instituciones que son llamadas, precisamente, a proteger a la ciudadanía y nos habla de la necesidad urgente de reestructurar la formación, estructura y atribuciones de estas instituciones Nos preocupa especialmente que la violencia político sexual siga ocurriendo, se siguen repitiendo prácticas de tortura que se ocuparon durante la dictadura y durante las manifestaciones de 2011”, plantea Camila Troncoso.

Troncoso, además, advierte que este tipo de violencia tiene características diferentes, ya que muchas veces las personas afectadas demoran en denunciar o definitivamente no lo hacen, por miedo a represalias, por lo que muchas veces existen cifras ocultas en torno a ésta. Sin embargo, relata algunas de las prácticas llevadas a cabo en las comisarías que han sido denunciadas en medio de las protestas sociales, entre las que se cuentan desnudamientos forzados; revisiones y tocaciones de genitales, glúteos y/o pechos; golpes, burlas, humillaciones, insultos; amenazas de golpes, violación o de muerte tanto a las denunciantes como a sus familias; violencia contra la población LGTBIQ+, que va desde violación a encerrar a mujeres lesbianas en celdas con hombres, insultos y burlas por su expresión de género, entre otras.

En el foro “Violencia política sexual: castigo a la acción política”, Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, explicó que la violencia política sexual tiene dos objetivos, “primero castigar la presencia de mujeres, niñas, niños, disidentes sexuales por su participación pública y, en segundo termino, permitir que grupos privilegiados de las sociedades dominen a los pueblos con particular énfasis en su etnia, su raza y su clase, y en específico a las niñas y mujeres de dichos pueblos. La consecuencia que traen estos dos objetivos es que se impide a las mujeres y niñas participar políticamente, y por lo tanto, introducir cambios en las sociedades que son de nuestro interés y adoptar las propuestas para la eliminación del patriarcado y el capital».

Según el National Democratic Institute la violencia política sexual tiene tres elementos relevantes. Es violencia dirigida específicamente hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres; puede adoptar una forma sexual o sexista y su fin es tratar de evitar que las mujeres participen activamente en política.

Antes del denominado estallido social, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura (2018), el Comité CEDAW (2018) y el Comité de Derechos Humanos (2014) habían recomendado al Estado de Chile investigar y sancionar la violencia política sexual por parte de las policías en contra las mujeres y adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales.

Para la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres estas no son sólo situaciones ocurridas por la contingencia: “las violaciones a los DD.HH. en Chile han sido un continuo durante toda la la postdictadura, y en el caso de mujeres y niñas, este continuo se refleja en dos situaciones puntuales: la violencia política sexual y la constante impunidad en los crímenes ocurridos a mujeres y niñas durante este periodo”, agrega Silvana del Valle.


Texto: Muriel Solano, prensa U. de Chile.

 

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