La transformación social de los últimos dos años en Chile, la represión e intervención policial en el territorio y el rol de los medios de comunicación fueron algunos de los temas abordados en las VIII Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública organizadas por la U. de Chile. La mesa de cierre abordó las deudas y desafíos en torno a la violación de derechos fundamentales de la infancia y contó con la participación de Onésima Lienqueo, de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y Gianina Modina, de la Defensoría de la Niñez, quien afirmó que «como Estado hemos fallado» y que al menos una declaración pública de que se han violado los derechos humanos «sería significativa, porque no la hemos tenido».
El 7 de enero pasado, el día en que la justicia entregaba la sentencia sobre el asesinato de Camilo Catrillanca por efectivos policiales, funcionarios de la PDI arrestaron a a la madre, abuela e hija de 7 años del comunero, en medio de una protesta en Ercilla, en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna. La foto de un funcionario policial sosteniendo a la menor en el suelo, que dio la vuelta al mundo, fue duramente cuestionada por los organismos de derechos humanos.
El de Guacolda Catrillanca, fue uno de los casos citados por Onésima Lienqueo, integrante de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, para ejemplificar la violencia excesiva que sufren los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los territorios del sur del país donde la militarización se ha transformado en una constante.
La defensora participó el viernes 8 de octubre de la mesa de cierre de las VIII Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública -organizada por la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, la Facultad de Medicina, La Defensoría de Jurídica y la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, en colaboración con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral- que justamente abordó las deudas y desafíos que mantiene el Estado en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
“Desde nuestra posición, hemos realizado un trabajo de visibilización de los hechos de violencia que se han dado por la militarización de las regiones de la Araucanía, Biobío y Los Lagos, la que por tres décadas los gobiernos han justificado bajo la razón de dar seguridad a los habitantes de la zona, pero lo cierto es que esta militarización fuertemente armada no ha traído ni seguridad ni tranquilidad para los habitantes, y menos para la infancia”, afirmó Lienqueo.
“Hay jóvenes y adultos que han nacido y muerto en la violencia. No puedo dejar de mencionar a Luis Marileo Cariqueo, un lamien asesinado a los 24 años por un Carabinero en 2017, que en 2010 fue uno de los primeros en hacer huelga de hambre en el gobierno de Michelle Bachelet y que estaba acusado por la ley antiterrorista. Algo que no se puede ejercer contra un adolescente, pero que -sin embargo- se hace”, agregó Lienqueo.
En el panel -que fue moderado por Karen Cea, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la U. de Chile- también expuso la directora de la Unidad de Protección de Derechos y Representación Jurídica de la Defensoría de la Niñez, Gianina Modino Barrera, quien presentó cifras alarmantes sobre las falencias del Estado en la materia.
Según un informe entregado por este organismo en abril de 2021, desde el estallido social y hasta marzo de 2020 se registraron 1.498 causas de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de los cuales un 79 por ciento son hombres y 21 por ciento son mujeres. El rango etáreo más afectado son los adolescentes entre 14 y 17 años. Sin embargo, del total de esas causas, solo 12 tienen algún tipo de formalización por parte del Ministerio Público, y si bien la mayoría fueron cerradas, 58 por ciento de ellas fueron en salidas no judiciales, es decir, ni siquiera pasaron por un tribunal.
Además, de los 818 casos en contexto de estallido social que fueron analizados por la Defensoría de la Niñez, 50 por ciento correspondía a niños o niñas que estaban bajo cuidado del Estado o por programas ambulatorios, donde el agente más denunciado fue Carabineros (83 por ciento) y PDI (2,5 por ciento).
“A partir de 2018, el Estado intentó instalar un nuevo paradigma donde los niños, niñas y adolescentes pasaran de ser objetos a sujetos de derechos. No obstante, el impulso del ejecutivo y la modificación de políticas públicas se vio estancado por el estallido social, donde las violaciones a los derechos de la infancia aumentaron. Como Estado hemos fallado”, señaló Gianina Modino.
En este sentido, y aunque el pasado 1 de octubre entró en vigencia el nuevo Servicio de Protección especializada en la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al Sename, el Estado aún mantiene enormes desafíos para dar efectiva protección y garantizar los derechos fundamentales de niños y niñas, quienes han sufrido históricamente de una mirada asistencialista y paternalista por parte de adultos y profesionales de la sociedad en general.
Reconocimiento y reparación
Para Gianina Modino, es fundamental que el Ministerio Público cuente con funcionarios especializados en materia de violación de los derechos humanos, que exista una socialización interna respecto de los mismos instructivos generales que se encuentran al interior de la institución, y que se fortalezca la formación continua en derechos humanos y de investigaciones de delitos.
Sin embargo, un pilar central estaría primero que todo en reconocer efectivamente la transgresión de estos derechos por parte del ejecutivo. “Pienso que una declaración de parte del Estado de que se han violado los Derechos Humanos, sería significativo porque no la hemos tenido. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones es central, la pregunta es cómo llegamos a eso”, plantea Modino.
Para Onésima Lienqueo, no habrá justicia ni reparación sin la desmilitarización de los territorios que están siendo sistemáticamente abusados por la fuerza policial, como si estuviesen en un verdadero contexto de guerra. “No conozco a ningún niño terrorista ni narcoterrorista, no vivimos entremedio de plantaciones de droga ni en medio de armamento como se nos ha tratado de caricaturizar”, lanzó Lienqueo.
“Es bien triste observar los efectos que genera la violencia, no es por nada que los niveles más bajos educativos sean en la región de Malleco, donde la deserción escolar es alta y donde la mayoría de los niños y niñas ha vivido la vulneración de derechos graves, con allanamientos o violencia en sus territorios. Es triste ver los sectores en zonas de conflictos, donde solo ves tanquetas y no ves zonas de juego para los niños, la recreación, el ocio y el disfrute de la cultura también es parte de sus derechos”, resume.
Dentro de las VIII Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, se presentaron otras tres mesas de discusión: “Desde los derechos humanos: reflexiones para la transformación social”, con Claudio Nash, coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos y Tatiana Cornejo, profesora, activista de la Coordinadora por la Libertad de lxs Pesxs Polítcxs 18 de Octubre; “Derecho a la información y censura en la prensa de Chile post 18-O”, con Paula Dragnic, corresponsal de TeleSur y Patricio López, director de Radio U. de Chile e “Intervención policial en los territorios e impunidad”, con Manuela Royo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Convención Constitucional y Jorge Gallardo, ex dirigente social y político, poblador de Lo Hermida.
Revisa el panel «Violencia, represión y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes: deudas y desafíos», aquí:
